#NoALaReelección

Por: Francisco José Castillo
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Abogado, MBA y Corredor de Bienes Raíces.
CASTILLO & NIETO

En las últimas semanas hemos sido testigos de cómo se ha propagado, principalmente, a través de redes sociales una campaña bajo el hashtag NO A LA REELECCIÓN, la cual rápidamente ha tenido amplia acogida llegando incluso a sumar a personalidades de los principales medios de comunicación del país.

Esta campaña bien intencionada o no, no ha sentado tan bien en algunos de los diputados de nuestro país, quienes han sido el principal blanco de la misma. Algunos de ellos incluso han llegado a manifestar su disconformidad públicamente y pedir al Tribunal Electoral, que entre a regular este tipo de campañas.

Ahora bien, es importante mencionar que desde mi punto de vista, el cual no creo que sea muy diferente al del resto de los panameños, esta campaña es más producto de la frustración y decepción del pueblo panameño al ver que quienes eligieron para Gobernar, más que apostar por el bien común sobreponen sus propios intereses, que producto de un plan maquiavélico para que quienes ostentan el Poder, en particular el Legislativo, no puedan seguir ejerciendo el mismo.

Dicho lo anterior, pienso que muchas veces quienes han sido elegidos para gobernar pierden de vista quien los colocó en esa posición y que al final se deben al país que los nombró y no a los intereses propios o de unos cuantos, verbigracia quienes financiaron sus campañas.

Lo cierto es que al gozar de un régimen autollamado democrático uno de los principios básicos y así lo contempla nuestra Constitución, es que el Poder Público emana del Pueblo, es decir, que de la misma manera como el pueblo eligió al gobernante tiene la potestad de exigirle y en caso de que este no cumpla incluso utilizar los mecanismos correspondientes para impulsar su remoción.

Dicho lo anterior, podríamos entender entonces que el hecho de que el Tribunal Electoral entre a vetar esta campaña de #NoALaReelección, como pretenden algunos diputados, podría vulnerar nuestra Constitución, la cual hay que recordar que de acuerdo a la Doctrina tiene mayor jerarquía que las Leyes de la República.

En fin, el pueblo que eligió a sus gobernantes está en todo su derecho de exigirles y como dije antes esta campaña es solo el reflejo de la incapacidad que han mostrado los gobernantes de sacar adelante al país, sencillamente porque con su día a día, y en el caso particular de la Asamblea Legislativa, con sus múltiples ausencias y gastos innecesarios han demostrado, salvo contadas excepciones, que no les interesa gobernar  o legislar con todo lo que eso implica y es que quizás han entrado en una zona de confort en la que se acostumbraron a prácticas ociosas y a que la ciudadanía no les exigiera hacer su trabajo y por eso ahora ven con asombro y hasta se ofenden por una campaña que desde el punto de vista del electorado y de la Constitución es totalmente legítima.

Para finalizar, me gustaría cerrar con una analogía interesante. En cualquier empresa privada podemos encontrar que hay un dueño o accionista y por debajo de él se encuentra la Junta Directiva o ente de Administración, quien debe trabajar y velar por los intereses de la empresa. Es lógico que en caso de que el Administrador no haga bien su trabajo, sin importar el tiempo por el cual el mismo haya sido nombrado, quien ejerza el cargo será destituido inmediatamente ya que por encima de todo privan los intereses de la empresa. La realidad es que de manera similar debería operar el Estado ya que en un sistema democrático la base o los jefes somos la sociedad o el pueblo y los Gobiernos de turno son meros administradores que procuran o deberían procurar el bienestar común con todos los recursos que El Estado pone a su disposición, y es que el hecho de que quizás antes no se le haya exigido de forma enérgica a los gobernantes cumplir con sus funciones no quiere decir que la sociedad haya perdido el derecho a hacerlo.